¿Debemos comenzar a pensar que en la Comisión Europea hay corrupción, al menos política?
vozpópuli
Isaac Ibañez
09/07/2025
Acaba de presentarse por la Comisión Europea el último y decepcionante informe sobre el Estado de Derecho de la UE. En lo que respecta al capítulo español, puede decirse que nihil novum sub sole, más de lo mismo de años anteriores (corta y pega). La Comisión, condescendiente, viene a decir que el Gobierno español “progresa adecuadamente” o, como mucho, “necesita mejorar” (algo).
Banaliza el informe en que “se han adoptado algunas medidas, y otras están en marcha, para modificar el Estatuto del fiscal General, con algunas partes interesadas expresando opiniones críticas sobre la reforma (sic). También se han adoptado nuevas medidas en relación con el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales”, coincidiendo el día de la presentación del informe con la reunión en Estrasburgo de tres asociaciones judiciales y dos de fiscales con la vicepresidenta de la Comisión Europea Henna Virkkunen, para advertirle de las destructivas implicaciones que prevén que tendrán para la independencia judicial las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia.
Intentos a la desesperada, dada la repugnante corrupción legislativa que se viene promoviendo desde el Ministerio. Auguro nulo o escaso éxito, visto el informe.
Llega a decir que “la cooperación entre las diferentes autoridades en la lucha contra la corrupción sigue siendo buena y la eficiencia del trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha mejorado a pesar de las limitaciones de recursos…
Y que “se están tomando iniciativas para promover una cultura del Estado de Derecho”. Increíble, cuando parece claro que la aplicación de la imperfecta Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no funciona como debería. Abundan los retrasos injustificados y maliciosos en la tramitación de las solicitudes de acceso; las denegaciones expresas o por silencio administrativo injustificadas; la tardía resolución de las reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y finalmente, los incumplimientos groseros de las resoluciones del Consejo, que remite al ciudadano a la interposición de un recurso contencioso- administrativo contra la actuación del órgano obligado a cumplir la resolución.
No parece que lo descrito en el descafeinado informe coincida mucho con el análisis de importantes medios, nacionales e internacionales, que consideran que Sánchez (o el sanchismo) se ha convertido en un “troublemaker” en Europa, que pone en entredicho la reputación de España: ley de amnistía; debilitamiento de la cuestión prejudicial europea y del principio de primacía (candidiasis constitucional); posición respecto al Presupuesto de la OTAN; presión por el catalán en Europa a costa de dinamitar el régimen lingüístico europeo (de nuevo, el prófugo Puigdemont); ataques a la libertad de empresa, como en el caso de la opa del BBVA, Talgo y continuos ataques a compañías ferroviarias foráneas; boleto a presidentes del Ibex desde las cloacas de Moncloa, etcétera, etcétera.
Weber: “La Comisión debería echar un vistazo”
Hace unos días, Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), dijo en una entrevista en La Razón, resumiendo mucho, que “por primera vez en la historia de España hay una huelga de jueces y fiscales, un fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo, con un juicio pendiente por abuso de poder; son evidentes violaciones del Estado de Derecho, y la Comisión Europea debería echar un vistazo”. A la pregunta sobre ¿qué hará el PPE para que la Comisión actúe? el dirigente europeo contestó que “la Comisión Europea es la guardiana del Tratado. Simplemente le pido que mire a España y escuche a las autoridades, al Poder Judicial, a los jueces y fiscales. Por favor, escuchen. Ese es mi principal mensaje a la Comisión”. Pues, visto el informe, parece que la Comisión ha mirado para otro lado.
A título de ejemplo de patente, y a mi juicio deliberada, inacción, la Comisión lleva más de dos años y medio mareando la perdiz con su investigación sobre si la rebaja del delito de malversación, operada por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre e impuesta por el prófugo Puigdemont, es o no conforme al Derecho de la UE.La última información suministrada por la Comisión es del 20 de diciembre de 2024, en la que indica que el tema “toca a un asunto complejo y suscita cuestiones que requieren un examen más profundo. La Comisión se mantiene actualmente en contacto con las autoridades españolas a este respecto, ya que todavía quedan algunos flecos para concluir el completo y exhaustivo análisis que exige este complejo asunto”. Y eso que ya ha llovido desde que el 18 de enero de 2023, el entonces comisario Reynders manifestara ante el Pleno del Parlamento Europeo que la Comisión ya estaba analizando este asunto. Y eso que estamos hablando de legislación que favorece la corrupción y la distracción de fondos del presupuesto de la UE.
Ítem más. La Comisión lleva más de tres años sin hacer, en detrimento de los derechos ciudadanos, que España ejecute la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 28 de junio de 2022, que cuestionó el régimen español de responsabilidad patrimonial por actos legislativos contrarios al Derecho comunitario, teniendo en cuenta que el procedimiento de infracción tuvo su origen en una denuncia presentada ante la Comisión Europea el lejano 2 de octubre de 2015 (hace casi diez años).
No es de extrañar que cada día surjan más críticas, incluso desde el Parlamento Europeo, sobre la manipulación política del procedimiento de infracción. ¿Debemos comenzar a pensar que en la Comisión Europea hay corrupción, al menos política?
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Luis Arroyo Galán
Ursula Von der Leyen le debe TODO a Sánchez pues ocupa el puesto que ocupa gracias a los votos del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, agrupación presidida por Iratxe García Pérez militante del PSOE.
