MANUEL MARCHENA (Las Palmas de Gran Canaria,1959), licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, doctor en Derecho y doctor honoris causa por la Universidad CEU de Sevilla, inició su carrera como fiscal en 1985, consolidándose como un referente en Derecho Penal. Magistrado del Tribunal Supremo desde 2007, fue presidente de la Sala de lo Penal entre 2014 y 2024, donde lideró casos de gran relevancia, como el juicio del procés.
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algunos párrafos de la INTRODUCCIÓN
“La sensación de que la justicia española está amenazada se ha apoderado de buena parte de la opinión pública. Un repaso a los titulares de la prensa diaria o unos minutos de tertulia rediofónica son suficientes para convencerse de que el trabajo de los jueces no siempre se desarrolla en condiciones que garanticen su independencia”.
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“Es indispensable que el Gobierno al que, constitucionalmente corresponde el nombramiento del fiscal general, no vea en el designado un instrumento para ejercer presión sobre los jueces.
La concepción del fiscal general del Estado como un delegado del Gobierno llamado a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido político en la oposición y, al propio tiempo, condescendiente con los delitos atribuidos al equipo gubernamental que lo ha nombrado, pone en peligro la estabilidad de esa institución y, lo que es más grave, afecta a los presupuestos que legitiman el trabajo cotidiano de jueces y fiscales.
La justicia también se resiente cuando el Consejo General del Poder Judical, órgano de gobierno de los jueces, se sume en una parálisis que impide los nombramientos de los cargos más relevantes en el organigrama de la administación de justicia. Una crisis como la que prolongó sus efectos durante varios años, ha erosionado el trabajo de las distintas salas del Tribunal Supremo y perturbado de manera irreparable la celeridad en la respuesta que el ciudadano espera de la justicia.
Los jueces y magistrados han tenido que contemplar durante mucho tiempo, con la incredulidad que acompaña a los escenarios históricos insólitos e inexplicables, que sus expectativas de promoción profesional quedaban al albur del desacuerdo entre los principales partidos políticos que tenían que hacer posible la renovación del órgano de gobierno de los jueces”.
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“La justicia también se ve amenazada cuando la investigación y el enjuiciamiento de destacados responsables políticos involucrados en hechos indiciariamente delictivos se convierte en un debate público en el que la valoración jurídica de lo hechos imputados se sustituye por la acalorada controversia que es propia del enfrentamiento político. De ahí la necesidad de poner límites a la situación actual, en la que el aforamiento ha llegado a convertirse en una señal de distinción protocolaria que blinda al cargo público y lo diferencia del resto de los ciudadanos.
Del mismo modo, la justicia se siente amenazada cuando la acción popular, vehículo constitucionalmente garantizado para evitar la inhibición injustificada del Ministerio Fiscal en la persecución de hechos delictivos, se convierte en un instrumento al servicio de partidos políticos o sindicatos totalmente ajenos al objeto de la investigacion, o cuando la personación en un proceso penal solo busca el acceso a fuentes de prueba que luego son filtradas a los medios de comunicación”.
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CONTRAPORTADA
La justicia amenazada no es un libro técnico escrito para juristas. Es una obra que, con un lenguaje asequible para todos, aborda algunos de los problemas más actuales de la justicia española. Ofrece al lector las claves para entender y opinar en los debates que dominan la información diaria en nuestro país y sugiere soluciones inspiradas por la experiencia de Manuel Marchena, un juez que ha vivido en primera persona procesos penales de alcance histórico.
La aspiración a que el fiscal general del Estado sea imparcial, la crisis del Consejo General del Poder Judicial, el privilegio de una clase política blindada frente a investigaciones penales por el aforamiento, así como el pasado y el presente de la lucha contra la violencia de género, son parte del contenido de este libro.
Una obra que invita a un debate sereno, necesario y alejado del maniqueísmo que domina el discurso actual sobre el mundo judicial.
