FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS
Libertad Digital
10/12/2023
Sánchez aspira a perpetuase en el Poder, no solo en el Gobierno, por no importa qué medios y a no importa qué coste, para la nación y el Estado
Según Borges, “la democracia es un abuso de la estadística”. Frase natural en quien veía, desesperado, cómo sus compatriotas votaban en masa a Perón. Tocqueville, en La democracia en América, iba más lejos y más a fondo, al advertir que la mayoría, con su voto, podía imponer un régimen radicalmente contrario al del “We the people” que fundó aquella nación. No hay mejor análisis que el suyo de los peligros que acechaban al único país que ya nació como democracia liberal, pero más liberal que democrática, ya que se basa en la división y el equilibrio de poderes y en la primacía de la Ley, no siempre del agrado del Poder, sobre todo con gran apoyo popular.
Nada ha cambiado en el valor de la democracia, que es el de cambiar de Gobierno en las urnas, sin recurrir a la guerra civil. Pero tampoco ha cambiado el modo de pervertirla, que es alterar, votando ciertas leyes o convocando plebiscitos, que permitan evitar el enojoso control de la Ley, que aplican los jueces que creen que el Derecho está por encima del Poder. No son todos, y el número de veces que se ha roto esa función es infinito, pero lo que no cambia es el principio: o manda la Ley o el Poder.
La fórmula hitleriana y comunista para imponer la dictadura de Sánchez
En La vuelta del comunismo recuerdo la raíz hitleriana que los comunistas venezolanos y españoles de CEPS, matriz de Podemos, usan para vaciar las instituciones judiciales en favor de la Revolución, que es lo que Carl Schmitt, tan elogiado por Pablo Iglesias, hizo en las “leyes habilitantes” del Reich en 1934. El Poder, cabría resumir, crea legalidad. Y hay dos formas de aplicar esa doctrina que pone la legitimidad del Poder por encima de la Ley: que el Poder nombre los jueces o que los jueces que comparten el proyecto político totalitario legislen en su favor. En España, Pumpido y el Tribunal Constitucional, no sólo le dan la razón al Gobierno en cualquier Ley, sino que están creando, mediante sus sentencias. una nueva legalidad, como Poder Legislativo paralelo. Esa fusión de los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– en uno se ha visto con obscena claridad en el nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justicia, de la Presidencia y relaciones con las Cortes. Pero lo importante es a quién representa el triministro: al Uno, al Poder Supremo, o sea, a Pedro Sánchez.
De este modo, las tres instituciones básicas de la democracia liberal, que es el tipo de régimen de los países que, como España, forman la Unión Europea, quedan desprovistas de su función y corrompidas en su ejercicio. No es que vayan a funcionar mal, es que sólo pueden funcionar en contra de su legítima función. Ni el Legislativo, ni el Ejecutivo, mezclados en el Parlamento, serán independientes, y ahí está la presidenta de las Cortes, ‘Armengolpe’ para demostrarlo cada vez que abre la boca. Y los ciudadanos no podrán confiar en el guardián último de la Ley, que es o debería ser el Tribunal Constitucional, porque su presidente y la mayoría izquierdista ya han anunciado y demuestran cuando tienen ocasión que están para defender al Gobierno y a su proyecto de nuevo régimen republicano y plurinacional, o sea, ilegal, anticonstitucional, antidemocrático, antiliberal y antinacional.
Semana a semana, Sánchez va corrompiendo las instituciones
La tarea de demolición del régimen avanza a toda velocidad. Esta semana, ha causado gran impresión en los medios que haya colocado en la agencia Efe a su secretario de Estado de Comunicación, un tal Oliver, que ha manifestado por la prensa y por la libertad el mismo respeto que su jefe, es decir, ninguno. Sin embargo, es el menor de sus alardes de despotismo en los últimos siete días. El más escandaloso, ratificar en su puesto al fiscal general del Estado tras ser descalificado por el Supremo como culpable del delito más grave en la fiscalía, la “desviación de poder”, equivalente a la prevaricación en los jueces y demostrada, no por casualidad, en favor de la pareja del juez prevaricador Baltasar Garzón, la ínclita Dolores Delgado, a la que ascendió sin méritos legales y a la que bajó de la peana el Supremo.
El segundo escándalo, para muchos el primero, porque atenta contra la libertad de expresión que consagra el artículo 20 de la Constitución, es el castigo por parte de un comisario de Sánchez colocado como letrado mayor de las Cortes para ocultar las trabas legales a la Ley de Amnistía, que, no contento con su llegada por la puerta de atrás para facilitar un delito, se ha apresurado a apartar de la Comisión Constitucional del Congreso a uno de sus profesionales más destacados, Manuel Fernández Fontecha, que había explicado en El Mundo las razones por las que esa Ley, que es el precio que paga Sánchez al delincuente Puigdemont para contar con sus votos, vulnera flagrantemente lo legalmente establecido sobre la amnistía, que está explícitamente prohibida, como indulto general, incluso para el Rey.
Al nombramiento de Oliver para la Agencia Efe y la ratificación del fiscal general del Estado al día siguiente de ser considerado inidóneo por el CGPJ y puesto en la picota por el Tribunal Supremo, se une Tezanos, denunciado como malversador de fondos públicos en el CIS en favor del PSOE y, en consecuencia, inmediatamente renovado para hacer lo mismo. Pero quizás la represalia del que nunca debió ser nombrado letrado mayor de las Cortes contra uno de sus colegas más acreditados es la que muestra mejor un rasgo de la dictadura de Sánchez: la obscena exhibición de poder, la publicidad de sus abusos, como escaparate de la acción del Gobierno.
En la legislatura anterior, Sánchez abusaba del Poder, pero fingía inocencia, disimulaba o envolvía en excusas sus atropellos, como en el ilegal cierre del Parlamento durante la pandemia. En la recién inaugurada, tras pactar con etarras y golpistas, Sánchez presume de sus abusos, al estilo leninista caribeño del Cártel de Puebla, al que alaba públicamente y al que el PSOE, Sumar, Podemos y su modelo Rodríguez Zapatero pertenecen. Diosdado Cabello, número dos del régimen genocida de Maduro, creó el programa de televisión Con el mazo dando, título típico del matonismo comunista y de los escarmientos publicitarios de la mafia y el narcotráfico. Estos nombramientos que los medios denuncian como “colonización de las instituciones” son alardes de un Gobierno cuya debilidad legal se compensa con la amenaza real de represalias por un Poder que no reconoce límites, ni legales, ni morales, ni de opinión pública ni de las instituciones, incluida la Unión Europea, que deberá entrar a debatir su asalto al Estado de Derecho.
Sánchez quema sus naves y condena cualquier diálogo con la Oposición
Lo peor de esta deriva mediante la que Sánchez, semana a semana, va desmantelando las instituciones creadas por el régimen constitucional, es su carácter irreversible. Su grotesca chulería, la promoción de garrulos como Óscar Puente o de siniestras antisemitas como Sira Rego, dejan claro, que sólo contempla su futuro a través de la destrucción del régimen, que, hasta ahora, permitía la alternancia de Gobierno pasando por las urnas. Sánchez aspira a perpetuarse en el Poder, no sólo en el Gobierno, por no importa qué medios y a no importa qué coste, para la nación y el Estado. Ya no entiende España más que como un país bajo su poder, sin permitir que la Oposición participe de la vida política, y con las instituciones democráticas devoradas por su afán de Poder. Como esos maltratadores que pagan con la esposa las humillaciones en la oficina, Sánchez someterá a los españoles a los malos tratos que le inflijan sus socios, patronos y tiranos. Cuanta más tiranía padezca él, más tiranía nos hará padecer a nosotros. Sólo nos queda resistir y ver quién aguanta más. Sólo si resistimos, en todos los terrenos y todo el tiempo que haga falta, podremos finalmente derrotarlo.