Este sencillo oxímoron representa a la perfección la insólita situación política que arrastra nuestro país desde que su Sanchidad okupara la Moncloa de forma totalmente legal pero ilícita (Que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable).
Una fraudulenta campaña electoral culminada con la elección de los enemigos declarados de España como socios exclusivos. Curiosa democracia que avala este tipo de anómalas situaciones.
Desde su llegada a la Moncloa, Sánchez no ha tomado ni una sola decisión en favor de todos los españoles.
Las previsiones sobre cuál será la línea roja que Sánchez no se atreverá a sobrepasar, deben actualizarse diariamente porque con esa misma frecuencia son sobrepasadas.
Desafortunadamente, la oposición se empeña en actuar como si viviéramos en democracia plena y sus objetivos son siempre partidistas y cortoplacistas. Sus dirigentes están convencidos de que en las próximas elecciones generales sacarán de la Monclo al okupa que ahora nos preside.
Pero la cuestión es: ¿Quién puede garantizar la celebración de unas elecciones libres y democráticas con un Presidente que demuestra a diario su capacidad para saltarse las leyes, cualesquiera que estas sean?
Para dar una idea de los destrozos causados por Sánchez a nuestra democracia, transcribo a continuación unos párrafos del artículo de Ignacio Camacho publicado en el diario ABC con fecha 04/05/2022, bajo el título El penúltimo destrozo
“‘Grosso modo’ se ha cargado, entre otras cosas, la Fiscalía del Estado -acaso lo más fácil de reparar porque basta con un nombramiento-, el Consejo del Poder Judicial, el CIS, cuya fiable documentación sociológica ha quedado averiada sin remedio, y hasta la autonomía del servicio de Correos. Ha revocado, indultos mediante, una sentencia básica del Tribunal Supremo y tiene al Constitucional en el entrecejo.
Ha jibarizado las funciones del Congreso y convertido la Presidencia de la Cámara en otro ministerio. Ha dictado normas sanitarias y de contratación que la anulación jurídica del estado de alarma ha dejado sin efecto. Ha desmantelado el sentido reparador del Derecho Penal para complacer a los herederos de ETA con beneficios discrecionales a sus presos.
Ha premiado a los responsables de la insurrección separatista catalana concediéndoles estatus de socio de privilegio. Se ha pasado por el forro el procedimiento legislativo regular sustituyéndolo por la expedición en serie de reales decretos. Ha reducido el papel arbitral de la Corona a un ornamento de atrezo. Y no contento con todo eso, el presidente ha reparado en que aún le quedaban por invadir o desnaturalizar el CNI y el Ejército. Pues bien: ya se ha puesto manos a la obra en el primero de ellos.”
La normalidad democrática institucional que proclama Su Sanchidad queda perfectamente convertida en anormalidad en el artículo de Rosa Díez publicado en Okdiario con fecha 22/05/2022, bajo el título Infame y del que extraemos los siguientes párrafos.
“Al infame le parece un funcionamiento “normal” de las instituciones que el Jefe del Estado no pueda ir a Barcelona a hacer entrega de los diplomas a los nuevos jueces “porque no está garantizada su seguridad”, según explicó el Gobierno en ese momento.
Al infame le parece un funcionamiento “normal” de las instituciones que estas le nieguen todas sus sedes a la Princesa de Gerona para que no pueda ir a Gerona a entregar los premios anuales que llevan su nombre y el de la ciudad.
Al infame le parece un funcionamiento “normal” de las instituciones que la Generalidad presidida por su socio preferente se declare en rebeldía ante una sentencia firme que obliga a respetar el derecho de los niños a estudiar una parte de sus asignaturas en la lengua común del Estado.
Al infame le parece un funcionamiento “normal” de las instituciones que la Universidad Pública se impida con violencia la presencia y la voz de los jóvenes que defienden el orden constitucional.
Al infame le parece un funcionamiento “normal” de las instituciones que las familias hayan de recurrir a los tribunales de justicia para que se ejecuten las sentencias y sus derechos de ciudadanía sean respetados por las instituciones catalanas.”
Si a esto se le llama democracia, ¿En qué país estamos viviendo ?
