Reproducimos a continuación, en su totalidad y literalidad, el editorial de EL DEBATE correspondiente al 12/04/2023
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Chantaje del gobierno a las empresas
El Gobierno no puede extorsionar a Ferrovial, la punta del iceberg de una política empobrecedora de acoso e indiferencia hacia el mundo empresarial
Con una decisión inusual, e inaceptable en el fondo y las formas, el Gobierno ha lanzado una advertencia primero y una amenaza después a una gran empresa española, Ferrovial, horas antes de que su Junta de Accionistas se reúna para confirmar el traslado de su sede central a los Países Bajos.
Interferir en la libertad empresarial desde el poder político es impropio de una democracia. Y hacerlo con mentiras, resulta escandaloso: la citada compañía no mermará su tributación en España, ni tampoco sus plantillas; pero superará las trabas de la legislación nacional para cotizar en la Bolsa americana instalándose en otro país miembro de la Unión Europea.
Lejos de criticar a la empresa por intentar competir en un mercado global, lo que necesariamente beneficiará a sus actividades locales, habría que preguntarse por qué la normativa española no estaba preparada para facilitar ese camino sin necesidad de mudarse, como asegura ahora el Gobierno, con negligente retraso, que hará.
Las coacciones a Ferrovial, amenazada con la Agencia Tributaria y acusada poco menos de antipatriota, no son una excepción, sino la norma de un Gobierno empeñado en convertir al mundo empresarial, de cualquier tamaño, en un enemigo, un estorbo o una vergüenza.
Los señalamientos a Mercadona o Inditex, dos grandes firmas multinacionales responsables de miles de puestos de trabajo, de ingentes tributos e incluso de difundir la «marca España» fuera de nuestras fronteras; nacen de la misma concepción sectaria y empobrecedora del mundo económico que este Gobierno exhibe en general.
Lo hace cuando sube los impuestos con desprecio a las consecuencias; cuando las culpa de los modestos salarios sin contar con sus formidables costes de explotación o cuando impone unilateralmente crecimientos del SMI y reformas suicidas que generan estragos: solo en 2022, más de 26.000 empresas echaron el cierre, el peor dato histórico desde que en 1995 comenzara a consignarse esa estadística.
Si la dialéctica gubernamental con las grandes corporaciones es lamentable, con las pequeñas el maltrato es vía hechos consumados: en el último ejercicio, los costes laborales han crecido un 6 por ciento; los globales un terrible 13 por ciento y las ventas, por el contrario, se han estancado.
Ésa es la tétrica realidad de la empresa media española, que no puede escapar de la voracidad fiscal del Gobierno marchándose a otro país más sensato, ni tampoco está en disposición ni de crecer ni, tal vez, de alcanzar su viabilidad.
El caso de Ferrovial, pues, no es una anécdota ruidosa sin más, sino la inquietante punta del iceberg de un Gobierno instalado definitivamente en el populismo. Uno de sus socios, Podemos, defiende de manera directa la nacionalización de distintos sectores y la intervención con topes de su actividad comercial. Y el otro, el mayoritario del PSOE, se ha contagiado de ese populismo y, con otras maneras, sostiene ya discursos similares.
