A la administración pública llegan personajes con perfiles laborales preocupantes por su escasa profesionalidad: con estudios de bajo nivel (incluso universitarios), mínima experiencia en el sector privadque contrasta con la amplia en el sector público (siempre de la mano de gente afín a su ideario).Este fenómeno que se ha agudizado en los últimos cinco años valora la fidelidad por encima del mérito y se nutre de personas procedentes de las secciones de Jóvenes de los partidos en el poder que no tiene rubor en asegurarles una “carrera “ laboral.
Esta lamentable evidencia se suele tolerar en épocas de cierta bonanza pues parece asumible el extracoste de una cohorte de profesionales ineficaces para satisfacer el ego del líder. Es el triunfo de la incompetencia que se practica en todas las administraciones públicas españolas, aunque no con la misma intensidad (pero eso merecería otro análisis). El sector privado no puede permitirse el lujo de mantener recursos ociosos, lo que hace más creíble la premisa de que la incompetencia anida en organizaciones sin competidores.
La incompetencia convive con la digitalización y otras nuevas tecnologías de forma algo enigmática. Entre enero de 2018 y enero 2024 el empleo de todo el sector público ha pasado (según las fuentes) de unos 2,58 millones a 2,96 millones de ocupados (lo que supone con toda seguridad superar los 3,00 millones en estos momentos). En un tiempo de automatización de procesos disponer de casi medio millón más de recursos humanos es inexplicable y solo entendible en los servicios de educación y sanidad, crónicamente infradotados. Como, adicionalmente, se están produciendo numerosas salidas por jubilaciones, el incremento bruto de nuevas contrataciones ha de ser sustancialmente mayor. Es decir, no solo se reemplazan los puestos vacantes por edad, sino que se aumentan las plantillas en una política delirante de crecimiento al mismo tiempo que se invierte en tecnologías supuestamente más eficientes.
La DANA es un caso paradigmático de incompetencia. Los “expertos” públicos no consiguieron alertar con suficiente tiempo, ni por supuesto arbitraron medidas preventivas del riesgo estructural de muchas viviendas que serían posteriormente arrasadas. Cuando la tragedia se produjo, fue una legión de voluntarios la que llevó el peso de los primeros auxilios junto a unos cuantos servidores públicos especializados.
Tras anunciar millones y millones de euros de ayudas públicas para paliar los daños, han pasado más de 8 semanas y los perceptores son claramente minoritarios. Las cifras (no siempre fiables) parecen converger en que los beneficiarios son solo el 10% de los afectados.
¿Cómo es posible que una sociedad desarrollada y que según la publicidad oficial está a la cabeza del crecimiento en Europa tenga estos paupérrimos indicadores de recuperación? La razón quizás sea una bien simple: esa mancha de aceite de incompetencia que ha inundado las administraciones es incapaz de dar respuestas y eso se pone de manifiesto cuando se necesitan conocimientos, experiencia y compromiso.
Además, como goza de puestos para los que apenas se ha esforzado, es incapaz de aportar valor con generosidad desde sus posiciones de privilegio burocrático. Es decir, ni sabe cómo actuar, ni puede por su esclerotización (circunstancia que desde luego no afecta a tantas y tantas personas cualificadas y entregadas a su profesión que han accedido al sector público con pruebas objetivas).
Es cierto que tener tres niveles de prestación de servicios desde el Estado no ayuda a aplicar soluciones ágiles y eficaces. Unificar el mando es una vía posible, pero la raíz del mal es la incompetencia. A veces puede subsanarse externalizando diversos trabajos a firmas de asesoramiento o tecnología, pero no dejan de ser nuevos extracostes. Son momentos para reaccionar rápidamente y con inteligencia (algunos ayuntamientos han utilizado los recibos del agua para identificar damnificados y transferir las ayudas de la fundación vinculada a Mercadona: agilidad y eficacia, lección aprendida -una más para ese sector público anquilosado que padecemos-)
Que aparentemente no se estén utilizando datos geoposicionados para localizar a los destinatarios de las ayudas, ni formularios ultrasimplificados es una aberración pues se dispone de tecnologías que pueden aportar esa información con rapidez y seguridad.
Tampoco se habla de tratar a los damnificados de forma claramente segmentada porque los ancianos, las familias con hijos o los jóvenes tienen necesidades distintas. Confieso que puedo estar equivocado y que haya algo de inteligencia detrás de las medidas en curso, pero de haberla los omnipotentes servicios de propaganda ya lo habrían aireado.
En un contexto de centenares de miles de afectados, hay un volumen de información que exigiría un tratamiento centralizado que permitiría analizar con técnicas de inteligencia artificial los resultados, aprender de ellos y ser, en definitiva, más eficaces en lo sucesivo ¿se está haciendo? Me temo que no (todavía estamos esperando la auditoría por expertos independientes de la Pandemia) y eso no es más que un reflejo de la incompetencia que nos rodea.
Si no exigimos competencia solo recibiremos basura. Si el nivel de nuestro diálogo sobre temas de raíz política es saber si uno comió con alguien, otro usó mucho el Falcon o qué malos son unos frente a otros, nuestro progreso como sociedad está severamente limitado. Hay que ser competentes evaluando la competencia de los servicios que recibimos e implacables si no alcanzan mínimos de calidad.
Creo que ha llegado la hora de la radicalidad: expulsar a tantas personas sin competencia ni vocación por el servicio sería un acto de higiene social que regeneraría el maltrecho sector público. Es cierto que sus nóminas representan un coste bajo en el conjunto del presupuesto que pudiera asumirse, pero el problema no es su coste sino el valor que se destruye por no ejercer sus funciones correctamente.
Mientras tanto, volviendo a la DANA, hay que tratar de encontrar soluciones efectivas y rápidas en colaboración con la sociedad civil (claramente mucho más eficiente que el sector público) y no dejar de medir (problemas/recursos/resultados) para abordar los retos con posibilidades de éxito.
Esta “cruzada” en pos de una sociedad más competitiva no puede admitir cualquier cambio tecnológico por el mero hecho de ser moderno y con imagen de progreso. Si los procesos administrativos no están optimizados, cualquier implantación tecnológica sobre ellos sería un auténtico despilfarro. Si además los usuarios de su ejecución aportan un perfil profesional de muy bajo nivel, el fracaso estaría asegurado. Y por supuesto, conjugar el verbo prevenir es absolutamente necesario. Hay otras amenazas de catástrofes en el horizonte que hay que estudiar y gestionar anticipadamente: esa es la gran e indelegable responsabilidad de la administración pública, lo que no tiene nada que ver con ser progresista, conservador, de derechas, de izquierdas o verde. Rememorando frases similares cabría decir que la clave del éxito a no olvidar “ES LA COMPETENCIA, ESTÚPIDO”
